En libertad se defenderá juez que exigía "coima" por agilizar trámites en Santa Rosa de Copán

El Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar luchando contra la corrupción en el sistema de justicia.

Honduras. La Fiscalía Especial para la transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró este viernes auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión en contra del juez municipal de Santa Rosa de Copán, Bayron René Hernández, y el abogado José Carlos Dubón Saldívar, por lo cual ambos se defenderán en libertad durante el proceso judicial.

La FETCCOP acusó a Hernández del delito de concusión al ser aprehendido en flagrancia recibiendo "coimas" por la suma de 100 mil lempiras, el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa de Copán.

Asimismo, al abogado litigante Dubón Saldívar se le imputa por cohecho cometido a particular.

Comunicado del Ministerio Público:

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en audiencia inicial obtuvo el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la cárcel en contra del juez municipal de Santa Rosa de Copán, Bayron René Hernández acusado de concusión y del abogado litigante José Carlos Dubón Saldívar, procesado por cohecho cometido por particular.

Como se recordará el pasado 7 de noviembre por instrucciones del Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo en flagrancia al juez municipal, mientras recibía una suma de cien mil lempiras (L 100,000) en efectivo como pago para otorgar permisos de operación para negocios en esa ciudad.

En esa operación también se capturó al abogado litigante José Carlos Dubón Saldívar, a quien se le dictó el auto de formal procesamiento; en el caso del exfuncionario municipal se le suspendió de su cargo.

Durante la investigación realizada previamente, se identificó que el juez Hernández, en complicidad con el abogado Dubón Saldívar, exigía pagos a comerciantes locales a cambio de agilizar la aprobación de permisos de operación, el profesional del derecho presuntamente actuaba como intermediario, facilitando la captación de clientes y la entrega de pagos ilícitos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de eliminar prácticas ilícitas en las instituciones públicas y de asegurar que quienes incurran en ellas enfrenten las consecuencias legales correspondientes. El Ministerio Público reafirma su compromiso de continuar luchando contra la corrupción en el sistema de justicia.